Hace un par de años una amiga de quien esto escribe comenzó a investigar el paradero de su abuelo, maestro izquierdista de la República, asesinado con otras cuatro personas, en la retaguardia, durante la Guerra Civil y enterrado en una fosa común en un pueblo pequeño. Después de múltiples dificultades en las instancias oficiales, su sorpresa fue muy grande cuando se encontró que en el pueblo donde están enterrados, todo el mundo adulto, jóvenes y viejos, conocían la historia con todas sus circunstancias: lugar del paseo, quién transportó los cadáveres, las personas que fueron obligadas a enterrarlos en fosa común, el modo cómo les exigieron tirarlos en el hoyo sin ningún cuidado, etc. En este pueblo aquel suceso está vivo, aunque ninguno de los muertos pertenecía a él, desde hace 71 años y es posible que la memoria perdure mucho más por ser un lugar rural donde ocurren pocas cosas.
Sin embargo, la gran transformación social que se produjo en España desde 1960, con el despoblamiento de grandes áreas rurales, el traslado de gran número de habitantes desde el campo a las ciudades, ha dado lugar a una ruptura generacional de la memoria histórica reciente como consecuencia del desarraigo cultural sufrido por el traspaso del mundo rural y campesino a la vida más impersonal en las barriadas de aluvión de las ciudades industriales. Este desconocimiento, que puede parecer fruto natural de las causas citadas, no es tan inocente como más adelante comprobaremos. En las escuelas de primaria es habitual preguntar al alumnado por la figura del dictador Franco y encontrar una ignorancia general y sólo respuestas en los niños y niñas del tipo de fue un rey que hubo hace mucho tiempo. Este ejemplo revela que no ha habido hasta ahora ninguna programación oficial en la enseñanza primaria para inculcar desde la edad adecuada el rechazo a los regímenes políticos del horror y la violencia dictatorial y, por lo tanto, el respeto por la democracia y los derechos humanos. Tal programa tampoco existe en la enseñanza secundaria, en la que ninguna asignatura recoge el rechazo rotundo a un período de nuestro pasado tan reciente y de tanta violencia contra el pueblo, si no son actos voluntaristas del profesorado más concienciado. Hasta hoy, a la espera de que se ponga en marcha la nueva asignatura de educación cívica, en nuestro sistema se ha sustituido una necesaria lección educativa sobre la democracia por el silencio. Por ello, en una gran parte de la población, bien en personas de ideas derechistas interesadas en ocultar la realidad, bien por pertenecer a las nuevas generaciones que nadie se ocupó de educar políticamente se mantiene una idea de la Guerra Civil como algo que fue culpa de ambos bandos, es decir: de los rebeldes y de los masacrados, cuyas culpas y responsabilidades se reparten por igual.
La Guerra Civil comenzó el 17 de julio de 1936. Desde el primer momento fue concebida por sus promotores como una guerra de una minoría sobre una mayoría popular de ideas contrarias y así la percibió la clase trabajadora y sus organizaciones de clase, la cual contó con el apoyo social de partidos minoritarios de corte interclasista de carácter republicano o nacionalista-independentista. También fue percibida, pues no podía ser de otra manera, como una campaña sanguinaria y sin cuartel. Este carácter de dominación sobre un pueblo mayoritariamente contrario, estuvo presente a lo largo de los tres años de lucha y los siguientes, mientras no se liquidaron los focos guerrilleros que subsistieron varios años en los montes. Por ello la práctica militar del ejército franquista fue fiel repetición de la viejísima estrategia empleada por todos los conquistadores desde los tiempos clásicos: el uso del terror pasando a la gente por las armas.
Al poco tiempo de iniciarse la rebelión militar, el territorio español quedó separado, en líneas generales, en dos grandes áreas. Desde el reparto inicial del territorio, hasta una cierta estabilización del frente que se produjo a finales de 1937, los avances de los insurgentes se realizaron fundamentalmente a pie, conquistando pueblo a pueblo, en una ocupación que fue dejando un inicial reguero represivo en todas las localidades. En esta fase, así como en la más rápida debacle final, tras la batalla del Ebro, la ocupación de cada localidad fue acompañada, en el mismo día, del fusilamiento de todos los rojos o republicanos algo significados que no se hubiesen puesto a salvo. Esta fue la primera actuación represiva selectiva y ejemplarizante, realizada por el ejército con el auxilio especial de los grupos militarizados de Falange Española.
Pero los fusilamientos que siguieron a las ocupaciones de los pueblos, no fueron la única actuación represiva del ejército rebelde. La práctica de fusilar sobre la marcha a los prisioneros capturados fue habitual, saltándose toda norma internacional de guerra, así como la de colocar civiles delante de las avanzadillas como parapetos humanos. En las ciudades y pueblos procedieron a detener a cientos y miles de milicianos o simples trabajadores, concentrándolos en campos de fútbol, plazas de toros, colegios, fábricas y prisiones que, en algunas regiones, en parte fueron fusilados en los primeros días sin proceso alguno. Sobre estos detenidos (llegó a haber alrededor de un millón) se hizo una selección en forma de sacas y paseos, ejercida especialmente por la Falange, de los militantes más destacados que terminaron muertos a tiros en las cunetas y montes.
Estas dos primeras fases represivas (si obviamos los muertos de las propias acciones de guerra que deben ser considerados también muertes represivas) resultan muy difíciles de cuantificar pues muchos de los asesinados quedaron abandonados en los caminos o parajes solitarios, enterrados o no, en ocasiones arrojados a simas o al mar, de parte de los cuales no hay constancia en los Registros Civiles. Sin embargo, de todos aquellos cuyos cadáveres aparecieron, sí se hizo el registro de enterramiento en los correspondientes libros de fallecimientos, en los que figuran como desconocidos, con sus descripciones y circunstancias, por lo que en algunos pocos casos excepcionales los familiares consiguieron el reconocimiento oficial de su fallecimiento.
Pero hubo una tercera fase represiva que revela, si las anteriormente descritas no bastasen, el esfuerzo del nuevo régimen por imponerse a largo plazo por el terror y la eliminación por descabezamiento de todos los líderes y cuadros de la oposición, desde las organizaciones más modestas de los pueblos y aldeas hasta las altas esferas de los dirigentes políticos. Se trata de la fase más inicua por realizarse bajo la total responsabilidad del nuevo gobierno, sin los atenuantes del calor de la guerra o la participación en las primeras semanas o meses de elementos paramilitares de Falange más o menos incontrolados o consentidos. Esta represión fue ejercida por tribunales militares, que juzgaron las causas de guerra, establecidos en las capitales de provincia de las zonas que los franquistas iban conquistando, o, en su defecto, en otras ciudades y villas. Estos tribunales dictaron muchísimas sentencias de prisión desde principios de 1937, si bien una gran parte fueron revisadas a partir de 1940, quedando muchos de los condenados con sus condenas reducidas y en libertad provisional en los primeros años cuarenta. El país no podía con semejante lastre de brazos improductivos.
Se calcula que los tribunales militares emitieron unas ciento treinta mil sentencias de muerte que recibieron el placet firmado por la mano del general Franco. Los fusilados, por lo general al amanecer, fueron inhumados en fosas comunes en los cementerios, sin permitir a las familias la recuperación de los cadáveres y, mayoritariamente, sus nombres se conservan en los expedientes de sus procesos que no pasaron de ser una pantomima legal.
Las ejecuciones masivas por sentencias de los tribunales militares continuaron hasta 1942, haciéndose más raras desde entonces hasta 1949, aunque continuó habiendo ejecuciones hasta bastantes años después, sobre los resistentes echados al monte detenidos. Todavía en 1975, tres meses antes de morir el dictador, éste firmó cinco sentencias de muerte a cinco militantes de ETA y del FRAP.
Desde hace algunos años, aproximadamente desde 1990, a partir de estas fuentes documentales, Registros Civiles, ficheros de prisiones y Archivos Militares de Causas Judiciales, con el apoyo de testimonios orales, se ha ido reconstruyendo de manera parcial y aislada por localidades y comarcas, en algún caso por provincias, la magnitud de la tragedia. En estos trabajos se están recogiendo relaciones de los asesinados y sus circunstancias, añadiendo en algunos casos los nombres de los asesinos. Es una labor voluntarista en la que estamos participando muchas personas, investigadores individuales, asociaciones particulares de viudas de guerra o de antiguos represaliados, que continúa todavía, sin ninguna estructuración global de carácter institucional, sin una participación directiva de las Facultades de Historia de las distintas Universidades, las cuales sólo en algunos casos se han ocupado del tema marginalmente. Por ello todo este trabajo desvelador, aunque abarca a todo el estado español, está pasando inadvertido para la gran masa de la población y únicamente encuentra un cierto eco en las localidades pequeñas en las que el conocimiento de los hechos resulta abarcable o en sectores sociales ya previamente concienciados. Falta, por lo tanto, un esfuerzo de las instituciones del Estado para concentrar toda la información existente ya publicada y dispersa, y para completarla con nuevas investigaciones en las fuentes.
En realidad, los trabajos particulares sobre la recuperación de la memoria histórica reciente y la dignidad de los perdedores comenzaron espontáneamente desde el mismo momento en que se recuperaron las libertades democráticas en 1977. Por entonces las familias consiguieron permisos para trasladar los restos de sus muertos de la Guerra a sus tumbas familiares, obtuvieron certificados de defunción, hasta entonces inalcanzables en muchos casos, aunque con frecuencia no sin dificultades impuestas por algunos funcionarios simpatizantes de la dictadura. También comenzaron a publicarse artículos en publicaciones periódicas y libros reivindicando la causa de los perdedores, con especial atención a los principales líderes socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos, vivos o muertos, los cuales sí obtuvieron un reconocimiento social significativo basado en su utilización como referentes o iconos de los renovados o emergentes partidos de la izquierda. Pero entonces, como ahora, faltó una valoración global, que llegase a toda la población española, del carácter terrible de represión masiva y anulación total de derechos que fue la tragedia de la Guerra Civil causada por el levantamiento militar.
En contraposición, el esfuerzo propagandístico del aparato fascista recordando y celebrando continuamente la victoria durante cuarenta años fue inmenso y de sobra conocido y padecido. Lo que resulta difícil de explicar es que la diferencia de trato a la memoria de vencedores y vencidos, lógica en el período de cuarenta años de dictadura, no haya dado un vuelco de ciento ochenta grados con el establecimiento de las libertades, ni tampoco ¡treinta y un años después! Aunque se pueden exponer algunas causas que expliquen esta situación tan extraordinaria.
En primer lugar, Franco murió en su cama, y el final de su régimen, después de su muerte, no se produjo por una derrota y expulsión de sus partidarios del poder por parte de la oposición. El franquismo sobrevivió un año y medio a su líder, con sus fuerzas represivas prácticamente intactas. La liquidación del régimen de debió a un conjunto de causas difíciles de ordenar por su importancia, sobre las cuales los historiadores no están de acuerdo. La influencia de las posiciones ideológicas de cada uno mediatiza el análisis de un asunto del que se carece todavía de suficiente perspectiva histórica y, para colmo, en los últimos años, sobre él se ha desplegado una campaña de intoxicación para justificar la existencia de la monarquía, apoyada en todos los medios del Estado y con el silencio cómplice de los partidos de la izquierda institucional (los discrepantes apenas tienen voz ni presencia en los medios).
En los acuerdos entre los reformistas internos y la oposición al régimen, en la Transición Española, la principal responsabilidad en el bando de la izquierda recae en el Partido Comunista de España (PCE). Éste era la más poderosa de las organizaciones clandestinas de los trabajadores con verdadera capacidad de movilización de masas, que controlaba Comisiones Obreras. El PCE negoció a la baja desde el primer momento, junto con el resto de las organizaciones de izquierda y centroizquierda y, entre todas, aceptaron la salida más cómoda para la Dictadura y todas las personas implicadas en ella. Fruto de aquella postura de debilidad de la izquierda –que se justificó por el peligro de involución que representaban los sectores más reaccionarios del régimen- la salida de la Dictadura se hizo sin ruptura con lo anterior, sin responsabilidades para nadie y sin reconocimiento social para los que habían sufrido. Todos sabemos que el nuevo rey concedió a la viuda del Dictador un título nobiliario a modo de despedida. La ley de Amnistía aprobada en el Parlamento en 1977, casi por unanimidad, por todos los partidos del arco parlamentario, con la única abstención de Alianza Popular (germen del P P), declaró sin efecto todas las condenas y procesamientos de los demócratas que habían luchado contra la Dictadura hasta la fecha, e hizo borrón y cuenta nueva, en contrapartida, de toda responsabilidad inherente a la Guerra y los cuarenta años de represión, como si ambas cosas fueran equivalentes y la violencia desatada por las dos partes pudiese tener la misma consideración. Hay que decir que la postura del sector de izquierda que representaba el marxismo revolucionario fue totalmente contraria al pactismo.
Como consecuencia de los acuerdos no se procesó a ningún responsable militar, policial ni civil de los desmanes y crímenes cometidos, ni siquiera de los recientes. Toda la policía franquista siguió en sus puestos. No se readmitió en el ejército, hasta bastantes años después, a los pocos militares demócratas expulsados en los últimos años del régimen. De igual forma, pasaron años antes de rehabilitar a los militares que por ser leales habían perdido su carrera en la Guerra. Todos los funcionarios nombrados a dedo por la Dictadura continuaron sin problema en sus puestos y lo que es más grave, todas las personas que ocupaban cargos en las organizaciones de propaganda y aparato del partido único fueron convertidas en funcionarios del Estado con toda su antigüedad, gran parte de ellos sin titulaciones académicas para los puestos donde se colocaron. Jamás se devolvieron las concesiones de estancos, gasolineras, administraciones de loterías y otras licencias administrativas que se habían retirado a los contrarios a la Dictadura y se dieron a sus partidarios. Y las grandes multas –en realidad exacciones descaradas- impuestas a los republicanos ricos como flagrantes chantajes ante el peligro de ser condenados a muerte, que significaron grandes pérdidas en los patrimonios familiares, siguen esperando su compensación. En realidad, está sin completar la devolución del patrimonio de partidos y sindicatos de la oposición que fue requisado en la derrota.
En este marco general de la Transición, que dejó en la relación de fuerzas a los perdedores de la Guerra en una situación muy desventajosa, la reivindicación de la dignidad de los derrotados o la recuperación de los cadáveres de los asesinados anónimos esparcidos por cementerios, campos y montes, es sólo un aspecto más de una gran injusticia histórica global.
El primer gobierno de la democracia lo formó la UCD. Por su origen, los hombres de UCD no eran los más adecuados para hacer justicia a los oprimidos por el franquismo por lo que la recuperación de los derechos de éstos avanzó limitadamente. No obstante, con este gobierno no fue poco lo conseguido, se reconocieron pensiones en 1978 a los militares republicanos (obviamente todos en edad de retiro), pero no se rehabilitaron sus derechos morales de carrera. Con UCD también se concedieron pensiones a las viudas de guerra (1979), a los mutilados del ejército republicano (1980) y a los mutilados civiles de guerra, víctimas de los bombardeos (1982).
En 1981 se produjo el golpe de estado frustrado del 23-F, que significó un freno en el proceso de democratización del país y que, cómo no, se hizo notar en la ralentización de los esfuerzos particulares de recuperación de cadáveres de la Guerra. Con la victoria electoral del Partido Socialista en 1982 se dieron algunos pasos parciales en la recuperación de derechos de los derrotados del 36. Los más significativos fueron, por un lado, en 1984, la amnistía y readmisión en el ejército de los militares leales a la República, aunque no se les abonaron los atrasos. Otro acuerdo importante fue la concesión en 1990 (trece años después de ser instaurada la democracia) de distintas cantidades de dinero a las viudas de los asesinados, condenados o paseados, y a los que estuvieron en prisión después de la Guerra. De esta medida quedaron fuera, precisamente por su carácter de desparecidos, gran parte de los muertos que hoy se están investigando al no existir documentos en los registros civiles que demostrasen su fallecimiento y no prestarse muchos jueces a abrir diligencias basadas en otras pruebas no forenses que atestiguasen las defunciones. También dejaron fuera a los presos que pasaron menos de tres años de cárcel (la gran mayoría) y a los que padecieron situaciones paracarcelarias en los batallones de trabajos forzados.
Todas estas medidas, arrancadas con dificultad en un largo proceso que duró desde la instauración formal de la democracia en 1977, y que, por tanto, encontró a muchos de sus posibles beneficiarios ya fallecidos, fueron, a pesar de todo, restañando parcialmente la injusticia histórica del Estado para con los derrotados. Al menos ellas, las personas beneficiarias de las pensiones y compensaciones económicas, así las percibieron y las recibieron con especial satisfacción pues era el único reconocimiento social a la tragedia sufrida. Pero estas concesiones económicas no fueron suficientes para una verdadera rehabilitación social de los perdedores al ser parciales, realizarse desunidas, separadas en el tiempo por largos períodos y fruto de una larga lucha parlamentaria que encontró muchas resistencias en las fuerzas de la derecha y en el ejército. Reticencia que también fue percibida por los sectores de la sociedad sensibilizados ante este asunto, que nunca dejaron de comparar la cicatería del Estado y los políticos para con ellos frente a la permisividad y el éxito social que nunca dejaron de acompañar a los partidarios de la dictadura, en todos sus grados de responsabilidad. La sociedad pudo observar como se establecía una continuidad entre los políticos que habían ocupado altos cargos en la administración del franquismo y los dirigentes y cargos de la nueva democracia. Faltó una campaña educativa de rango de estado que desvelara la responsabilidad de todos los que participaron en la Dictadura, y los aislara políticamente, al menos durante un cierto número de años, como causantes de una situación moralmente reprobable, y definiera para las nuevas generaciones una clara barrera ideológica entre lo permisible políticamente y lo inadmisible, que sirviese como una referencia política para el país, del mismo modo que se hizo en otros estados europeos al acabar la 2ª Guerra Mundial.
La victoria electoral de la derecha en 1996 no contribuyó, como se puede suponer, a profundizar en la recuperación de la Memoria Histórica ni en los derechos aún sin satisfacer. Las declaraciones institucionales sobre el tema del Congreso de los Diputados y algunas cámaras de los gobiernos autonómicos se produjeron, como veremos, a remolque de la movilización social a partir de iniciativas particulares que se está produciendo en los últimos años con la excavación de fosas comunes.
Es difícil responder a la pregunta de porqué surge ahora, después de tantos años, un movimiento como éste, cuando apenas quedan ya personas protagonistas de aquellos hechos en condiciones de movilizarse dada su avanzada edad; pero quizá una de las respuestas esté en la esencia misma de la justificación de este movimiento: son principalmente personas nietas de los asesinados que no quieren dar por concluida aquella tragedia sin un enterramiento digno de sus mayores, lo que prueba la poca justicia con que se aprobó la Ley de Amnistía y se pretendió cerrar la Transición. Otra de las respuestas puede ser la urgencia límite para que puedan ser reconocidos los lugares de enterramientos y las circunstancias, pues dentro de muy pocos años no quedará ni una sola persona viva que haya sido testigo o coetánea de los hechos.
El actual movimiento de recuperación de las Fosas Comunes comenzó el 28 de octubre de 2000 en Priaranza del Bierzo. Allí el periodista Emilio Silva, buscando los restos de su abuelo, encontró los cuerpos de otros doce civiles asesinados por los fascistas y decidió crear la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). A partir de entonces las excavaciones se extendieron por distintas zonas de España, especialmente durante los períodos de verano descubriéndose así cientos de enterramientos (Sólo la ARMH está trabajando en este año sobre 40 fosas).
En estas búsquedas están participando otras asociaciones independientes de los poderes del Estado como el Foro por la Memoria, que ha participado en la excavación de muchas fosas; una sección del sindicato C G T de Andalucía, Asociaciones de las Fosas Comunes de Asturias, Asociaciones de Niños Retornados de Rusia, etc. En líneas generales los trabajos actuales se están dirigiendo a las pequeñas fosas que hasta ahora no habían sido investigadas, en las que están enterradas personas asesinadas sin ningún tipo de proceso. Sobre las grandes fosas, en las que hay desde decenas hasta las 3.500 personas asesinadas en Mérida, cuya ubicación es bien conocida, las asociaciones no han llegado a un acuerdo de cómo intervenir. La opinión más extendida pretende dejarlas como están, señalándolas adecuadamente y convirtiéndolas en lugares dignificados como recuerdo de lo no debe volver a ocurrir.
A pesar de todas las dificultades y de la falta de apoyos oficiales durante el pasado gobierno de la derecha, el movimiento de Recuperación de la Memoria fue obteniendo algunos éxitos frente al silencio, y sus actuaciones fueron teniendo algún eco en las instituciones. Así, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, exigió al gobierno Aznar que colaborase e investigara algunas desapariciones. La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, a instancias de iniciativas de los partidos de izquierda, emitió un comunicado aprobado por unanimidad en el que se recoge una condena del franquismo con un reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Otro reconocimiento importante fue el otorgado por el Defensor del Pueblo, institución ante la que la ARMH recurrió en demanda de ayuda ante la pasividad del Gobierno de Aznar. Estas declaraciones supusieron un espaldarazo en el camino emprendido por el Movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica.
En fechas posteriores algunos parlamentos autonómicos, ante el auge que está tomando este movimiento, y ante proposiciones de los partidos de izquierda que recogen las iniciativas de la ARMH, Foro por la Memoria y otras asociaciones, han aprobado resoluciones en el sentido de apoyar las gestiones de descubrimiento de las fosas comunes. Así ocurrió en Andalucía, Navarra, Asturias y muchas diputaciones provinciales y ayuntamientos por toda la geografía española, pero, por lo general, solamente en aquellos lugares donde hay gobiernos de izquierda.
El movimiento está alcanzando muchos ámbitos de la sociedad y de los medios de comunicación aunque siempre en un segundo plano y en los medios regionales y locales en los que sí está consiguiendo resonancia y cumpliendo una función educativa. El masivo control que la derecha española tiene sobre casi todos los medios de comunicación de difusión estatal impide que esta cuestión se presente a la sociedad como un problema común y de primer rango que, de plantearse adecuadamente, podría quedar definitivamente superado. La TV estatal, ante la presión de los hechos, no ha podido dejar de ocuparse del asunto en un programa de investigación documental que se emitió semanalmente por la segunda cadena en horario de no mucha audiencia. Sin embargo, una vez más, el punto de vista del programa no ha diferido de la tradicional postura supuestamente ecléctica que pone en un mismo nivel la larga, sistemática e institucional represión del franquismo, que la represión ejercida por el bando republicano, cuantitativamente no comparable, siempre de carácter incontrolada y por lo general a manos de los milicianos organizados espontáneamente.
La victoria electoral del PSOE de 2004 puso en marcha un proyecto gubernamental sobre la Memoria Histórica en el cual el presidente Zapatero se comprometió personalmente. Como Ley fue aprobada en las Cortes en diciembre de 2006, con la oposición parcial de IU y ERC y la total del PP. Desde entonces se suceden negociaciones del Gobierno del PSOE para conseguir su aprobación por parte de IU, PNV , ERC , CIU y otros. Los nacionalistas de derecha pretenden que su visión del pasado histórico quede reflejada en el desarrollo de la Ley: básicamente la tergiversación de siempre de que ambos bando fueron culpables e igual de malos. El PSOE también está enredado parcialmente en este falseamiento y ello es uno de los motivos de desacuerdo con IU. Otras críticas desde esta organización que comparten otras fuerzas de izquierda son que el Estado no se hace cargo de la excavación e identificación de restos como obligación propia, que el Valle de los Caídos no se instituye como un monumento de homenaje a los represaliados de la República, no se declara la anulación formal de los juicios sumarísimos de la Guerra y postguerra, etc.
Sin embargo, no se puede negar que en algunos aspectos la Ley del Gobierno presenta mejoras, al menos en lo concerniente al resarcimiento moral de los represaliados y sus familias, reconocimiento de los miembros de las Brigadas Internacionales, ampliación de las indemnizaciones y al apoyo explícito a las campañas de excavación de las organizaciones del Movimiento de Recuperación de la Memoria Histórica, sin cuya presión probablemente el PSOE no hubiera iniciado esta Ley. Con todo, el tiempo disponible para que se discuta y apruebe el articulado de la Ley se está acabando ante el apremio de las nuevas elecciones generales, y de no poder culminarse el trámite parlamentario, tendría que reiniciarse en las nuevas cortes que se eligiesen, con el riesgo añadido de que en ellas no hubiese la mayoría política que hoy existe.
No se puede saber en qué va a parar este movimiento de Recuperación de la Memoria que se extiende como una silenciosa mancha de aceite provincia a provincia y ayuntamiento a ayuntamiento. Sería triste que el enorme poder fáctico de la derecha española, aquejada de muy mala conciencia por ser heredera directa de los represores, unido a la falta de valentía del Gobierno del PSOE y sus cálculos electorales, hiciesen imposible que esta sea la oportunidad que queda al país para una verdadera superación de su trágica historia reciente en términos de justicia y dignidad para los que perdieron la Guerra y sus descendientes. En palabras del catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, Vicenç Navarro ,”no es posible hablar de una transición modélica y de la reconciliación de España sin recuperar la memoria histórica que incluye el homenaje a los que lucharon por la libertad, y la denuncia y condena de aquellos que la violaron. Esto no ha ocurrido aún en España.”
Agosto 2007.
M A, sinónimo de ofender, se dirigió a JC, su hermano mayor, solicitándole un sorbete para soldar el componente de un trabajo de tecnología, que debía tener terminado para ayer. Acababa de cenar y había dejado el plato que hasta se podía comer en el suelo, sin tener ni la mismísima idea de lo que, a continuación, le iba a espetar su hermano:
Quien diga que la última propuesta hecha por el Gobierno de España, relativa a las posibles ayudas para el alquiler de vivienda, dirigida a la gente joven, no es electoralista (por lo tanto, intrínsecamente, hirientemente oportunista) o bien no quiere verlo o bien es un fanático acérrimo y recalcitrante del partido que la ha puesto sobre la mesa. Implícitamente, se reconoce la escasa consideración que se tiene desde la clase política, en general, hacia la ciudadanía, más concretamente hacia segmentos de ésta olvidados, maltratados, por acción u omisión. Recurrente es el uso del tema de las pensiones (equilibrio entre éstas); las ayudas por catástrofes naturales (inmediatas, si acontecen en periodo preelectoral); gratuidad de los libros (no sabe en el berenjenal que se mete quien la cacarea hasta la náusea o, si lo sabe, se la trae al pairo, el voto es el voto, y a dar Educación para para la ciudadania en Inglés, sin coste adicional al necesario para ponerla en marcha, en caso de que se hubiera decidido darla en castellano); la construcción de viviendas de protección oficial (repartidas, una vez materializadas, entre los concejales del grupo político encargado, que no responsable, del gobierno local, ya sea de manera indirecta, através de hijos, o directa, para qué andar con disimulos); las bajadas de los impuestos (todo un clásico del 
